Dos dirigentes de la Organización Tupac Amaru se pusieron hoy voluntariamente a disposición de la justicia jujeña, que había ordenado el jueves último su detención por estar acusadas de “violación de domicilio y amenazas”, hecho que sus abogados niegan y los encuadran como “una clara vocación de persecución política a quienes integran la Organización”.

Se trata de Mirta “Shakira” Guerrero y Patricia “Pato” Jaldín, ambas vinculadas a la Organización Tupac Amaru y acusadas de ingresar al predio de una Cooperativa y propinar amenazas de muerte a tres cooperativistas del barrio Alto Comedero, de la capital jujeña, según consta en la denuncia, realizada los primeros días de febrero en la Comisaría de dicho barrio, a raíz de lo cual posteriormente la fiscal jujeña de investigación, Liliana Montiel, solicitó la detención de ambas.

Voceros de la Organización Tupac Amaru confirmaron a Télam, que ambas personas se entregaron ante el Juzgado de Instrucción, ubicado en la Calle Urquiza de la capital jujeña, donde cumple tareas el Juez de Control 4, Isidoro Cruz, quien el jueves pasado había ordenado un allanamiento en los galpones de la agrupación, en búsqueda de las acusadas.

Sobre la presentación voluntaria ante la justicia, la Organización Tupac Amaru difundió en la tarde un comunicado de prensa, donde sostiene que las detenciones forman parte “de un nuevo hecho urdido para criminalizar la protesta y en el marco de la persecución política que inició Gerardo Morales en su campaña electoral”.

“Ni desde la fiscalía ni desde el juzgado se notificó a Guerrero y a Jaldin de manera formal en sus domicilios reales sobre la existencia de un pedido de comparendo, habiéndose enterado de manera circunstancial por las declaraciones del jefe de la brigada de investigaciones hecha ante medios radiales y televisivos”, señalan los letrados, según el escrito.

Además agregan que el allanamiento en un galpón de la organización para proceder a las detenciones, no constituye una “notificación válida”, razón por la que, “resulta infundado hablar de una situación de fuga o entorpecimiento de la investigación como se pretende hacer creer”.

Sobre la denuncia contra Guerrero y Jaldín, los abogados explicaron que la inició “un ex grupo de cooperativistas de la Tupac Amaru que, luego de reunirse con Gerardo Morales, se retiraron del acampe” que se realiza hasta el momento en plaza Belgrano de la capital provincial, y luego procedieron a “tomar la fábrica bloquera”, donde se sucedieron los hechos denunciados y que pertenece a la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva Tupac Amaru.

Respecto de ese día, los abogados afirmaron que “Jaldin y Guerrero estaban en el interior de la fábrica junto a los cooperativistas limpiando el lugar y organizando el trabajo, ya que la fábrica había permanecido cerrada producto del acampe”, cuando “llegaron los ex integrantes de la Tupac Amaru de manera prepotente y obligaron a retirarse a los trabajadores del lugar”.

De tal modo, los letrados indicaron que “difícilmente hayan podido estas personas violar un domicilio ya que se trata de un establecimiento fabril que posee la organización” y que por el contrario, “la situación fue al revés, los denunciantes ingresaron y amenazaron a quienes se encontraban organizando el lugar para iniciar las tareas habituales”.

Mirta Rosa Guerrero, alias “Shakira”, es integrante de la cooperativa “Pibes Villeros”, la cual se vio envuelta en los últimos días junto a otras organizaciones en una denuncia por supuesto fraude a la administración pública, realizada por el gobierno provincial.

Guerrero, quien forma parte del círculo más cercano a Milagro Sala, ya había sido noticia en 2012 cuando protagonizó un altercado con un equipo periodístico del programa “Periodismo para Todos” de Jorge Lanata, en el momento que los mismos realizaban tomas en uno de los barrios más grandes que construyó la Tupac en la capital provincial.

Por su parte, Patricia Jaldín, es docente y directora de la escuela primaria Bartolina Sisa, de la capital jujeña, además de vocera de la Organización Tupac Amaru, ello tras la detención de Milagro Sala, acusada por el acampe en la capital provincial, primero, y luego por supuesto fraude a la administración pública.

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